Hacia el segundo año del régimen de Nicolás Maduro Moros (2013-2019/2019-) comenzó una recesión económica sin precedentes en la historia republicana de Venezuela (tras la mayor bonanza económica producida por el rentismo petrolero, oscilando US$84 y US$103 por barril entre el 2011 y
2014), dejando un panorama esbozado por la continua devaluación de la moneda nacional (pasando el Bolívar al "Bolívar Fuerte") realizada por Hugo Chávez Frías (1998-2013) en el 2008, desencadenando una inflación galopante que condiciona la vida de los habitantes de ese país suramericano.
A partir del 2015, la escalada del terror en Venezuela alcanzó cuotas superadas por el gobierno sucesor de Hugo Chávez. Para ese año, la
inflación acumulada alcanzó 180,9% según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), el mayor a nivel mundial de dicho año, representando casi el triple respecto al 68,5% del 2014. Ese 2015 representó un punto de inflexión del chavismo tras el fallecimiento de su figura totémica: el 6 de diciembre de 2015, la oposición obtiene la mayoría de los curules en la Asamblea Nacional. La lectura bipolar de la realidad nacional obtiene, por un lado, la revancha de una oposición con sed de victoria, buscando definitivamente poner en bandeja la cabeza de Nicolás Maduro, cuando el entonces presidente de la Asamblea Nacional (Henry Ramos
Allup, del partido Acción Democrática) buscó la salida del presidente de la república en un plazo de seis
meses y la liberación de los presos políticos. Mientras por el otro lado, la respuesta del oficialismo fue avivar aún más la guerra entre ambos bandos, apoyándose en el pasado "golpista" de la oposición durante las masivas protestas de abril y diciembre del 2002, hasta febrero del 2003, para invocar una Asamblea Constituyente que reescribiera la Constitución Nacional de 1999 (y anulara indefinidamente la actuación de la Asamblea Nacional contra el gobierno bolivariano).
Para ese entonces, el país ya estaba sumergido en una crisis que llevó al ejecutivo nacional a lanzar el "
decreto de emergencia económica", mientras incrementaban las protestas por las disminución de la seguridad social, la escasez de productos y desabastecimiento de alimentos y el notable descenso de la calidad de los servicios básicos (y por ende, del nivel de vida de los venezolanos, afectando a los más desfavorecidos). En cifras, el 2015 se caracterizó por el incremento de las
violaciones al derecho a la libertad (PROVEA registró 17.337 presuntas violaciones a la libertad, representando un aumento del 496% respecto al 2014 y un aumento del 161% del promedio anual general durante los últimos 18 años del informe de dicha ONG), y un sistemático ataque contra los trabajadores (además de los despidos, violaciones a sus derechos y precarización del salario mínimo, se le suma el asesinato de 22 sindicalistas durante el 2015).
Durante el mes de julio del 2015, comienza la "Operación de Liberación y Protección del Pueblo" (
OLP), una fuerza policial del Estado que integra a diversos grupos de seguridad nacional, para proteger a la población de organizaciones criminales y terroristas "financiadas" por la "derecha" venezolana. El resultado de la OLP, en su primer año, es de
245 personas asesinadas, en su mayoría hombres de barrios populares.
Otra de las características que torcieron la débil "democracia participativa" del chavismo en una dictadura, fue la criminalización de la protesta. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en
el 2016 se contabilizaron 2.617 protestas a lo largo del país, en sectores urbanos y rurales, tanto en residencias como en sectores populares. La represión del madurismo tomó el ejemplo del "gas del bueno" de Chávez y lo convirtió en un baile de balas contra los manifestantes, haciendo que en el 2017 dejara la huella sangrienta del régimen contra los opositores y disidentes: desde el
1 de abril hasta el 31 de julio del 2017, se registraron
6.729 protestas, dejando un saldo de
163 personas fallecidas.
La polarización del país escaló nuevamente con la controvertida consulta popular sobre la Constituyente el 30 de julio del 2017, instituyendo la bipartición entre el "chavismo originario" y el "chavismo-madurismo" (por un lado, los seguidores de Hugo Chávez y defensores de la Carta Magna impulsada por él en 1999, y por el otro, el chavismo que sigue el lineamiento de corte autoritario de Nicolás Maduro). La oposición se abstuvo de participar en dichos comicios, llamando a la protesta en las proximidades a los centros electorales. El resultado fue al menos diez muertos y la
mayor votación que ha obtenido el chavismo durante sus casi dos décadas de gobierno, creando un mayor escepticismo sobre el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la paulatina instauración de una dictadura que busca legitimarse a los ojos del mundo.
El panorama del primer semestre del 2018 tampoco sería alentador: de las
5.315 protestas por alimentos y servicios básicos, dejó un saldo de
12 muertos. La represión del régimen de Maduro y los fuerzas del Estado contra las protestas sociales, se instaurarían definitivamente para exterminar todo atentado contra la "paz" del país. Es decir, la acentuación de las contradicciones del gobierno "socialista" se evidencian y remarcan en la realidad social del país: aumentos salariales que no reivindican a los trabajadores ni a la clase obrera; la militarización de las principales instituciones y empresas públicas; el terrorismo de Estado que a través de sus fuerzas públicas asesinó a estudiantes y obreros en las protestas y demandas sociales por alimentos y servicios básicos; persecución de sindicalistas y disidentes del "chavismo originario", y por sobre todas las cosas, la crisis se refleja en el exilio de millones de venezolanos (para ACNUR, la conocida como la "diáspora venezolana", comenzó con 695.000 a finales del 2015, hasta superar los
4 millones de migrantes en lo que va de 2019) por ausencia de seguridad alimentaria, educacional, de salud y laboral, principalmente, mostrándonos realidades disonantes de la verdad "oficial".
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